Marihuana en Argentina y su proyecto de regularización

En Argentina el consumo de marihuana, el autocultivo y su ilegalidad es un tema cada vez más presente en la sociedad. La legalización aparece en varias de las nuevas propuestas electorales y la actual prohibición genera consecuencias importantes en los consumidores. La opinión de los vendedores y los diputados.

Foto de Cadena3. Marcha por la legalización de la marihuana del 2015.

En Argentina existe una regulación basada en constantes cambios y prohibiciones sobre las sustancias y estupefacientes. El Código Penal, Ley N° 23.737 declara “Art. 5º — Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo: Siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines …”

Dicha ley sancionada en el año 1989, tiene una postura firme de prohibición ante tales actos, quedando prohibida el consumo, cultivo y venta del cannabis. Pero en la actualidad, se da que dichas prohibiciones se encuentran desactualizadas o que llegan a ser factores limitantes a la hora de realizar investigaciones en ámbitos como la medicina y salud, sumado al problema del mercado negro que genera las prohibiciones.

También en la actualidad se encuentra la Ley 27.350, dentro de Investigación Médica y Científica. La presente ley promulgada en 2017, sería una de las primeras legalizaciones sobre el cannabis pero sólo en el uso del ámbito medicinal. La ley cuenta con un artículo que dice: “Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.”

“El Fallo Arriola (A. 891. XLIV) es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina del 25 de agosto de 2009, por el cual la corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo párrafo) de la Ley N° 23.737. […]” según wikipedia. Así se reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. De esta manera se busca cambiar el paradigma de que para atacar al narcotráfico, hay que atacar al consumidor. Paradigma que implica un alto número de causas judiciales y un desperdicio del uso de los recursos del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

“En 2018 la Fiscalía 6 de Comodoro Py, a cargo de Federico Delgado, realizó un estudio en el que se evaluaron los expedientes iniciados durante el turno del mes de agosto. Tomamos este estudio como muestra de lo que pasa en el resto de las fiscalías del país durante todo el año. De las 503 causas penales que se iniciaron por cualquier tipo de delito federal en ese turno de agosto, el 92% fue por infracción a la ley de drogas (N°23.737) y en su gran mayoría específicamente tenencia de marihuana. El 73% de este subgrupo corresponde al delito de tenencia para consumo personal, lo que significa que casi siete de cada diez (68%) del total de expedientes iniciados durante el turno fueron por una acción cuyo castigo fue declarado inconstitucional en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre fallo Arriola” Según informe de infobae.

La cantidad de procedimientos por tenencia de estupefacientes para consumo personal conlleva una saturación del sistema judicial y policial. Cuando hay una detención se inicia un expediente, y hasta que el detenido recupera su libertad de forma total, el Estado pierde tiempo y dinero. De manera paralela, hay una persona que sufre la experiencia de encarcelación y un arresto en su registro. Delgado declaraba "Desde el precedente Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el análisis de la pequeña cantidad de droga que se le secuestró, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importantes. Justamente el archivo se dio en el 100% de los casos".

"La amplia mayoría de los detenidos son hombres, representando un 94%. El promedio de edad de los arrestados es de 26 años. Con un 80%, las personas de sectores de clases baja son quienes más arrestos sufren, y solo un 24% tenía antecedentes penales" según informe infobae.

Más allá del avance que significa el Fallo Arriola, suele suceder que entre la detención y la liberación de la persona por tenencia de marihuana, se dan procesos largos y mientras tanto el acusado se mantiene detenido en cárceles a la espera de una resolución. Entrevistamos a alguien que vivió esta situación por tenencia de plantas de marihuana en su casa, cuya identidad reservaremos.

“Tenía 3 plantas para consumo personal y me denunció un vecino. La detención duró 3 meses en la cárcel de Bower, el proceso fue bastante duro, desde la detención, que la policía me golpeó y me trató muy mal, hasta mi tiempo en una cárcel rodeado de gente muy peligrosa”, declaró la fuente.

En otras declaraciones, denota la contradicción de encerrar a alguien por cultivar una planta, de manera natural, y que el resultado sea tiempo en cárcel con acceso a muchos tipos de drogas artificiales.

“Yo adentro consumí prensado y la misma policía lo permite [...] medio contradictorio todo, porque yo estaba ahí supuestamente por vender y adentro me la vendían, no sólo marihuana, de todo”, afirmó.

También en pos de conocer la realidad de un comerciante de marihuana, realizamos una entrevista a otra persona que por cuestiones de privacidad y seguridad personal prefirió no dar su nombre, y que el video sea editado para esconder su cara y distorsionar su voz. Con sus declaraciones, podemos ver un ejemplo de contraparte del estereotipo de vendedor de droga en gran escala y conocer la realidad de alguien que cultiva su propio producto, es decir no participa de una red de compra y reventa, y sin embargo se encuentra en un marco de ilegalidad.

“Cultivo y comercializo marihuana, todo autocultivo En un principio fue un complemento a lo que era mi salario, y luego en un interés para seguir con mis estudios, deje de trabajar y me dedique a esto […] es un buen complemento de un salario, pero en los niveles en los que me manejo no corresponde a un salario entero” , comenta el entrevistado.

Entrevista comerciante del cannabis.

“Por un lado la ilegalidad de una planta de la que el consumo no tiene mayores contravenciones no está bien, pero al mismo tiempo si fuera legal, mi negocio se acabaría”, nos comentó.

Al margen de estas realidades, y en forma paralela, surgen las iniciativas en contra y a favor de una ley que hasta comerciantes reconocen sería nociva para su modelo de negocio constituido en el marco de la ilegalidad. Estas iniciativas que luchan por sobreponerse y ganar su legitimidad en el debate político, tienen lugar en las instituciones legislativas de los distintos niveles estatales. Particularmente el 26 de Noviembre del pasado año (2018) se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley.

El proyecto que impulsan miembros del Frente de Izquierda y los Trabajadores y Unidad Ciudadana, busca traer al mercado un producto que como se plantea en el susodicho, posee múltiples acepciones medicinales y recreativas. Y que debido a estas acepciones no se debe limitar su consumo. Puesto que su ilegalidad genera un mercado negro que además financia otras redes del crimen organizado.

Más de veinte ciudades de nuestro país participarán este sábado de una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana https://t.co/BKH1LcZ3ln pic.twitter.com/HO0KdaoymW

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) May 4, 2019

Una de las posturas defensoras del proyecto es encarnada por la abanderada del partido Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, Laura Vilches. Hablamos con la docente en el campus de la Universidad Blas Pascal y nos comentó un poco sobre el tema.

“La situación de persecución y discriminación era inmensa […] la legalización del cannabis es importante para acabar con la persecución, mejorar las condiciones de salud de quienes dependen del cannabis medicinal y acabar con las mafias y el narcotráfico”, respondió sobre la importancia que tiene la sanción de un proyecto de ley similar para nuestro país.

Laura Vilches,  diputada Provincial y referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Universidad Blas Pascal

En contra parte y como voz disidente se plantea el peligro de hacer más accesible el producto para la población y en particular con los jóvenes. Se propone una línea de acción para contrarrestar la demanda en vez de la oferta.

Aurelio Elorrio, diputado Provincial.

“Es un desequilibrio bioquímico de las personas” comentó el diputado por Unión Vecinal, Aurelio Elorrio sobre los efectos del estupefaciente.

“Pierden voluntad propia […] el foco del esfuerzo debería estar en el objeto de vida de los jóvenes” añadió.

“La sociedad no puede hacer esos análisis” explicó al consultarle sobre la necesidad aparte de los sectores de la izquierda de modificar la situación legal actual de la producción y comercialización.

El anteproyecto planteado por Nicolás del Caño en el año 2016, tiene como primer artículo lo siguiente: “Artículo 1.- El cannabis, sus semillas y sus derivados son considerados sustancias de uso legal en todo el territorio de la República Argentina tanto para su plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento como para su comercialización, distribución, adquisición, tenencia y consumo.”

A diferencia del proyecto presentado el 26 de Noviembre 2018 donde su primer artículo trata sobre: “ Artículo 1.- Objeto. Es objeto de esta ley disponer medidas tendientes al control y regulación del cannabis psicoactivo y sus derivados desde una perspectiva de derechos humanos y de salud pública”.

Ambos proyectos dejan en claro su alcance con el primer artículo, pero luego tienen una bifurcación. En el anteproyecto se delega la tarea a la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica; mientras que en el proyecto del 2018 se necesitaría la creación de un ente nacional llamado Instituto Nacional de Regulación y Control de Cannabis Psicoactivo. Para más información  en el siguiente blog.

El proyecto de ley presentado el año pasado no tiene como objetivo la liberalización sino su exhaustiva regulación y control a pesar de diferenciar entre una droga dañina y un derecho individual o de salud.